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25 Años de Democracia

La muerte de Juan D. Perón dejó sin control al conjunto de fuerzas que habían coexistido conflictivamente bajo su liderazgo; esto, sumado al descontrol económico, la violencia política y la evidente descomposición del gobierno de María Estela Martínez de Perón (viuda y sucesora de Perón) desembocó en el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976,...

 

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La muerte de Juan D. Perón dejó sin control al conjunto de fuerzas que habían coexistido conflictivamente bajo su liderazgo; esto, sumado al descontrol económico, la violencia política y la evidente descomposición del gobierno de María Estela Martínez de Perón (viuda y sucesora de Perón) desembocó en el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, efectuado por la Junta Militar integrada por Jorge Videla del ejército, Emilio Massera de la marina y Orlando Agosti de la aeronáutica, que inauguraron lo que ellos mismos denominaron el Proceso de Reorganización Nacional.

El gobierno era ejercido en forma directa y en todos los niveles por las Fuerzas Armadas y se caracterizó por una dura represión política y social, la desarticulación de las bases de la economía industrial y el ejercicio autoritario del poder. La Junta Militar impuso el terrorismo de Estado, con una represión implacable, no sólo contra las acciones guerrilleras, sino también contra toda forma de participación popular.
 
Fue, sin duda, el régimen autoritario más sangriento que registra la historia Argentina. Entre sus disposiciones pueden nombrarse, la suspención de toda actividad política, las disoluciones del Congreso y de los partidos políticos, la prohibición de las huelgas, la censura de los medios de comunicación, etc. En marzo de 1981, el General Roberto Viola reemplazó en la presidencia a Videla; en ese año, la crisis económica fue brutal, el gobierno dispuso una devaluación del peso del 400% y la inflación llegó al 100% anual, tornando impagables las deudas en dólares contraídas por las empresas privadas. El Estado nacionalizó esas deudas, acrecentando el endeudamiento público. A Viola lo va a suceder en diciembre de 1981 Leopoldo Fortunato Galtieri, quien va a endurecer las relaciones con los partidos políticos y con el sindicalismo. El régimen militar, que en 1978 había llevado al país al borde de una guerra con Chile, inició su última etapa con la ocupación militar de las Islas Malvinas.[1]
 
El fracaso del gobierno militar frente a los ingleses fue un factor decisivo que, sumado a la crisis económica, política y social en que el gobierno militar había sumergido a la Argentina, provocó la alteración de las relaciones de fuerzas internas y en definitiva el derrumbe de la feroz dictadura. A diferencia de nuestros vecinos del Cono Sur (Chile, Uruguay y Brasil) la transición argentina no es pactada, merced a la derrota de Malvinas.
 
 
La instauración democrática el 10 de diciembre de 1983, con la llegada al poder de Raúl R. Alfonsín, supuso el establecimiento progresivo de todos los derechos políticos y civiles, la libre expresión de todas las fuerzas políticas prohibidas durante el régimen anterior y la ampliación del pluralismo político.

Los cambios fueron de suma importancia: autoridades elegidas por el voto popular, el fin de innumerables prohibiciones, la posibilidad de juzgar a los responsables por las atrocidades cometidas durante el gobierno de facto y, en congruencia con esto, la recuperación para todos los ciudadanos del goce de todos y cada uno de los Derechos Humanos.

Sin embargo, este alentador panorama se ve ensombrecido por la imposibilidad de un pleno cumplimiento de todos los derechos sociales, que nos corresponden en tanto seres humanos.

Un hecho sumamente preocupante, que es común a todos los países sudamericanos y a los del denominado Tercer Mundo, lo constituyen ciertas situaciones domésticas de ingobernabilidad y su dificultad para ser resuelta por los sistemas democráticos, debido a que muchas de esas situaciones tienen que ver con la fragilidad institucional de los sistemas democráticos y con problemas como el de la desproporcionada distribución del ingreso, el aumento del desempleo y la pobreza.
 
Las crecientes demandas socioeconómicas de la población tienen que ver con la mala distribución de la riqueza[2] y el aumento de la pobreza, generando exclusión social, focos de inestabilidad y el descontento en la mayoría de la población; esto provoca la erosión de la cohesión social y debilita la seguridad de los Estados. El deterioro de las condiciones económicas lleva a reclamos cada vez más violentos y a la presencia de lo que se conoce como situaciones domésticas de ingobernabilidad.
 
Mientras se mantenga la actual estructura social y económica, los Derechos Humanos no podrán realizarse plenamente. Incluso cuando las circunstancias favorecen a la democracia representativa y puede funcionar el estado de derecho, los Derechos Humanos, no quedan plenamente garantizados. El derecho al trabajo, el derecho a una remuneración justa, el derecho a una posición social respetable en la que el individuo pueda realmente expandir las mejores virtualidades de su personalidad, no pueden garantizarse en un mundo azotado por la miseria, la pobreza y la explotación. Para lograr el total respeto de los Derechos Humanos es necesario cambiar el orden interno y externo. Mientras el mundo siga dividido en naciones dominadas y dominantes y mientras los países latinoamericanos estén regidos por el poder económico de grupos privilegiados, no será posible hablar auténticamente sobre los Derechos Humanos. Aunque se logre romper definitivamente el péndulo que impone el retorno de la tiranía de manera periódica, mientras no se cambie el orden social, los derechos humanos no pasarán del reconocimiento formal de los derechos individuales.

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