Es una pena, que Obeid no cumpla con su propia palabra

Así lo consideró el Diputado Marcelo Brignoni (Encuentro), consultado hoy sobre la llegada a la Legislatura Provincial, del pliego enviado por el Gobernador de Santa Fe, para cubrir la vacante existente en el organismo que debe velar por la defensa de los ciudadanos, impulsando la candidatura de la actual Diputada Oficialista Liliana Meotto, para Defensora del Pueblo Adjunta

Brignoni consideró “incompatible”, el pliego para cubrir la vacante de Defensor del Pueblo Adjunto, enviado por el Gobernador Obeid. El legislador recordó que “…desde Marzo de 2006, duerme en la Cámara de Diputados de la Provincia, un proyecto de ley impulsado por todos los bloques del Frente Progresista que integran esta Cámara. El mismo fue concebido a partir de la necesidad de encontrar respuestas institucionales a la discrecionalidad política a la que el oficialismo nos tiene acostumbrados, en el envío de pliegos y la cobertura de cargos en la Defensoría del Pueblo. Consideramos también necesario, y lo incluimos en nuestra propuesta de entonces, muy vigente en estos días, que la designación de miembros de la Defensoría, este regida por la incompatibilidad del ingreso a la misma, de funcionarios que hayan desempeñado cargos políticos en el Gobierno Provincial, y electivos o políticos en la Legislatura Provincial, en los últimos cinco años, previos a su propuesta de designación. Pretendíamos y pretendemos, que se incorpore también el concepto de ternas, en lugar de proposiciones individuales, y que además sea obligatoria la consulta a la sociedad civil, antes del envío de los mismos, además de aumentar las exigencias de idoneidad de los postulantes…”

Brignoni recordó que “…el Gobernador Obeid, se comprometió públicamente el 1 de Octubre último, a no enviar más pliegos a la Legislatura, y además el Gobernador saliente dijo textualmente aquel día “Hay que conversar todo, yo no voy a tomar ningún tipo de resolución, en políticas de Estado. La tarea de gestión va a seguir tal cual la venimos desempeñando hace cuatro años; los grandes temas que exceden nuestra gestión y que son políticas de estado los vamos a someter a la discusión con las autoridades entrantes para tratar de llegar a un consenso y no tomar medidas unilaterales”. Esto no sucedió, y el Gobernador volvió a faltar a su compromiso a escasos días de haberlo asumido. Por otra la Defensoría del Pueblo, un organismo moderno y deseable, que puede y debería cumplir un papel destacado en defensa de los ciudadanos y ciudadanas de Santa Fe,  lamentablemente, y con este tipo de actitudes, termina siendo sospechado de alojar a  dirigentes oficialistas  presuntamente favorecidos, por su apoyo a la votación del pliego del Procurador General de la Corte Suprema, en la última sesión de la Asamblea Legislativa…”

Brignoni consideró también que “…es absolutamente legítima la militancia partidaria, y el compromiso con la defensa de intereses parciales y sectoriales en el marco de un Partido Político, como registra la postulante en su propio currículum que acompaña el Pliego. Allí se destaca su actividad como autoridad del justicialismo en distintos estamentos, lo que genera, a nuestro criterio, una clara incompatibilidad para ejercer el cargo para el que se postula. El artículo 1º de la ley 10.396 de creación de la Defensoría del Pueblo plantea que el objetivo fundamental de este organismo, es el de “proteger los derechos e intereses de los individuos y de la comunidad frente a los actos, hechos y omisiones de la Administración Pública Provincial y de sus agentes que impliquen un ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente, inoportuno de sus funciones, o que configuren una desviación de poder”. Por tal motivo consideramos que las personas que ocupen lugares en la Defensoría del Pueblo, deben ostentar total independencia del poder político imperante en esta provincia, ya sea en su relación con el oficialismo o con la oposición. Esto no esta garantizado, más allá de la propia voluntad de la postulante, en la propuesta efectuada por el Poder Ejecutivo, toda vez que la Señora Meotto ha ocupado diversos cargos políticos en la administración pública provincial, y en el Partido Justicialista, lo que claramente la ubica en un lugar de “parcialidad” sobre los hechos protagonizados por la actual administración, y por los que protagonice la próxima…”

Brignoni finalizó recordando “…luego de que Dinamarca abriera las puertas del interés internacional por la figura del Defensor del Pueblo, incluyéndola en su Constitución de 1953, sobrevino un período en el que se vio nacer gran cantidad de representantes de este medio de control ciudadano, a lo largo de todo el planeta y con distintos nombres: "Ombudsman" en Suecia, "Contralor del Estado" en Israel, "Proveedor de Justicia" en Portugal, "Mediador" en Francia, "Defensor Cívico" en Italia, "Comisionado Parlamentario" en Gran Bretaña y "Defensor del Pueblo" en España y Argentina, entre otros. En nuestra provincia, la creación de esta figura data de 1990, a partir de la sanción de la Ley 10.396, que crea la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, publicándose su promulgación en el Boletín Oficial, del 20 de Junio de 1990. Desde entonces, la titularidad de la Defensoría del  Pueblo fue ejercida por Norberto Nicotra primero, y por Rubén Dunda luego, quien permaneció en ese cargo, a pesar de los envíos de los pliegos de Esteban Borgonovo y Roxana Latorre para cubrir esa vacante, los que no obtuvieron acuerdo legislativo. Posteriormente la legisladora oficialista, María Angélica Gastaldi, hoy en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, y más tarde Carlos Bermudez, han ocupado ese lugar.

Notorios dirigentes políticos y candidatos del oficialismo provincial a distintos cargos electivos y partidarios, han estado destinados a "defender al pueblo" ,a tal punto que en la actualidad, quien fuera el primer Defensor del Pueblo, y legislador provincial oficialista al momento de su designación, es el presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe. Este breve relato de los funcionarios que ocuparon la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, intenta aportar al debate, sobre la perdida del espíritu inicial de creación de una institución, que este año le va a salir a la provincia de Santa Fe más de 13 millones de pesos. Ese espiritu ha sido desvirtuado por la discrecionalidad de los gobernadores Reutemann y Obeid, en el envío de los pliegos para cubrir vacantes en dicha institución.  La Defensoría del Pueblo de Santa Fe, ha funcionado en la práctica, más como un lugar de trabajo para dirigentes políticos partidarios, que como un organismo que defienda a la ciudadanía de las arbitrariedades del poder político.

Debido a esta presunción ciudadana, la propia sociedad no aprecia los beneficios de la existencia de dicha institución, en estas condiciones. La decisión de plantear modificaciones a la Ley que rige la actuación de la Defensoría del Pueblo, tiene por objeto recrear la utilidad de dicha institución, tanto como la necesidad de prestigiarla, dotándola de criterios que eviten que siga manejándose en el futuro, como lo ha sido hasta aquí, más al servicio de las necesidades de algunas fuerzas políticas, que en procura de asistir en su defensa, a los ciudadanos santafesinos…”

A continuación se trascribe el Proyecto de Ley presentado el 15 de Marzo de 2006, que no fue tratado ni aprobado hasta la fecha

La Legislatura de la Provincia de Santa Fe sanciona con fuerza de LEY:

ARTÍCULO 1º: Modifícase el artículo 2º de la Ley Provincial Nº 10.396 (texto modificado por la Ley Provincial Nº 12.087), el que quedará redactado de la siguiente manera:

 “ARTÍCULO 2º: Será titular de ese organismo un funcionario denominado Defensor del Pueblo, quien será designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa, que en sesión especial deberá aprobar su nombramiento. El Poder Ejecutivo Provincial deberá nominar una terna de propuestos que deberán ser remitidos a la legislatura.

 Previamente a la remisión de los pliegos, el Poder Ejecutivo publicará en el Boletín Oficial, en el Sitio Web de la Provincia, y en por lo menos dos diarios de amplia circulación en el territorio provincial, durante tres días, los nombres y los antecedentes de las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacancia.

Las personas incluidas en la publicación que establece el párrafo anterior deberán presentar una declaración jurada con la nómina de todos los bienes propios, los de su cónyuge y/o los del conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal y los de sus hijos menores, individualizando cada uno de ellos con estimación de sus respectivos valores de mercado. Asimismo, se recabará de la Administración Federal de Ingresos Públicos y de la Administración Provincial de Impuestos, informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de las personas que el Poder Ejecutivo pretenda nombrar.

Los antecedentes de los postulantes y sus declaraciones juradas, deberán ponerse a disposición de quienes deseen consultarlos durante un plazo no inferior a 30 días corridos. Vencido ese plazo, durante 15 días hábiles, los particulares y las organizaciones no gubernamentales podrán presentar objeciones fundadas y por escrito sobre la idoneidad técnica o moral de los propuestos, las que serán tenidas en cuenta por los legisladores al momento de expresar su voto.

Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito social, político y de derechos humanos a los fines de su valoración.

El Defensor del Pueblo se vinculará institucionalmente con la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados a través de sendas Comisiones integradas por siete (7) senadores y siete (7) diputados, que se constituirán a partir de la entrada en vigencia de esta Ley. Las Comisiones adoptarán sus decisiones por mayoría simple y elegirán un presidente entre sus integrantes, quien tendrá doble voto en caso de empate.”

ARTÍCULO 2º: Modifícase el artículo 3º de la Ley Provincial Nº 10.396 (texto modificado por la Ley Provincial Nº 12.087), el que quedará redactado de la siguiente manera:

 “ARTÍCULO 3º: La duración del mandato del Defensor del Pueblo será de cinco (5) años, pudiendo ser reelegido sólo una vez en el cargo.”

ARTÍCULO 3º: Modifícase el artículo 5º de la Ley Provincial Nº 10.396 (texto modificado por la Ley Provincial Nº 12.087), el que quedará redactado de la siguiente manera:

 “ARTÍCULO 5º: Podrá ser elegido Defensor del Pueblo toda persona que reúna las siguientes condiciones:

a) - Ser argentino nativo o por opción.
b) - Nacido en la Provincia o con dos años de residencia inmediata en ésta.
c) - Tener 30 años de edad como mínimo.
d) - Pleno disfrute de sus derechos cívicos y políticos.

 No podrán postularse para ocupar este cargo a quienes hayan ejercido cargo electivo, función, o nombramiento político en los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Provincia, cualquiera fuera la vinculación jurídica que se estableciera, en los 5 (cinco) años anteriores a la convocatoria para cubrir la vacante del cargo a designar.”

ARTÍCULO 4º: Modifícase el artículo 11º de la Ley Provincial Nº 10.396 (texto modificado por la Ley Provincial Nº 12.087), el que quedará redactado de la siguiente manera:

 “ARTÍCULO 11º: Los cargos de Defensor del Pueblo y de defensor del Pueblo Adjunto, tendrán las mismas incompatibilidades que los de legisladores provinciales y no podrán desempeñar cargos políticos partidarios, ni actuar de manera alguna en la actividad política partidaria, ni intervenir en actos de propaganda electoral.

 Tampoco podrán participar como candidatos en procesos electorales para acceder a cargos públicos electivos provinciales, municipales o comunales, en los 5 (cinco) años posteriores al cese por cualquier causa los cargos mencionados en el párrafo anterior.

 En caso de haber incurrido en algunas de las incompatibilidades establecidas, por este solo hecho, quedarán separados de sus cargos.”

ARTÍCULO 5º: Modifícase el artículo 17º de la Ley Provincial Nº 10.396 (texto modificado por la Ley Provincial Nº 12.087), el que quedará redactado de la siguiente manera:

 “ARTÍCULO 17º: Los adjuntos serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa, siguiendo el mismo procedimiento previsto en el artículo 2 de la presente.

 Las causales y procedimientos para su remoción serán los mismos que los correspondientes al Defensor del Pueblo.”

ARTÍCULO 6º: De forma.

Proyecto Firmado por:

Marcelo Brignoni, Antonio Bonfatti, Alfredo Cecchi, Hugo Marcucci, Gabriel Real, Federico Pezz, Aldo Strada, Antonio Riestra, Verónica Benas

 
 
Fuente: Bloque Encuentro por la Democracia y la Equidad