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Repercusiones del 1er. Congreso latinoamericano de salud socio ambiental
En el transcurso del Mes de Junio, el día 28 en las instalaciones de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos a las 19,30 hs, se realizará en San José de la Esquina una charla donde se expondrán temas tratados en el Congreso de referencia, contando con la presencia de destacados profesionales en el arte de la salud y protección ambiental. Estará auspiciada por la Cátedra de Salud Socio Ambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la U.N.R. La misma será para todo público ávido de información y con derechos a escuchar la otra campana, que desprovista de intereses, tañirá como alerta precautoria para que todos sepamos ver el otro lado de las cosas, esas que nunca son como las pintan
En el transcurso del Mes de Junio, el día 28 en las instalaciones de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos a las 19,30 hs, se realizará en San José de la Esquina una charla donde se expondrán temas tratados en el Congreso de referencia, contando con la presencia de destacados profesionales en el arte de la salud y protección ambiental. Estará auspiciada por la Cátedra de Salud Socio Ambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la U.N.R.
La misma será para todo público ávido de información y con derechos a escuchar la otra campana, que desprovista de intereses, tañirá como alerta precautoria para que todos sepamos ver el otro lado de las cosas, esas que nunca son como las pintan
Serán destacados panelistas, el Prof. Dr. Damián Verzeñassi de la Cátedra de Salud Socio Ambiental de la UNR Presidente del 1er. Congreso Latino Americano de Salud Socio Ambiental - El Ing. Carlos Manésis presidente del CEPRONAT -(centro de protección a la naturaleza) La Médica Vet. Claudia Nigro especialista en Salud Animal- Cátedra Libre de Fauna Silvestre - Cátedra de Med. Vet. Manejo y Conservación de Fauna Silvestre - El médico Vet. Juan José Noste Vice Decano de la Fac. De Veterinaria de la UNR. .
Un proyecto de ley busca restringir las fumigaciones con agro tóxicos
Publicado el 23 de Mayo de 2011 “Tiempo Argentino”
Por Lucia Álvarez
Prohíbe las aplicaciones terrestres de glifosato y otros plaguicidas a menos de 1000 metros de zonas urbanas y suburbanas, y las aéreas a menos de 2500 metros. Deberán tener el consentimiento informado de los residentes.
A pesar de que el mundo científico cuenta con evidencias cada vez más explícitas sobre los efectos dañinos de los agro tóxicos en la salud de las poblaciones cercanas a las áreas fumigadas, la Argentina aún no tiene una ley nacional que regule la aplicación de estos plaguicidas. Con el objetivo de revertir esta falta, la diputada Virginia Linares (GEN) presentó un proyecto de ley que busca establecer "franjas mínimas de protección sanitaria y ambiental para prevenir la contaminación generada por estos químicos en residentes de zonas urbanas, peri urbana y/o suburbana a estos cultivos".
La norma cuenta con las firmas de todo el bloque del GEN y el apoyo de legisladores del Partido Socialista y la Unión Cívica Radical, y determina, tal como otra propuesta presentada por el ínter bloque Proyecto Sur -que aún espera tratamiento en el Congreso de la Nación-, una restricción a las aplicaciones terrestres, a partir de un radio de 1000 metros en relación a las poblaciones más cercanas. Sin embargo, se diferencia del segundo en que, en lugar de prohibir las fumigaciones aéreas, las fija a partir de un radio de 2500 metros.
"Uno estaría de acuerdo con prohibir la utilización de agro tóxicos directamente, porque son elementos peligrosos para la salud de las poblaciones expuestas. Pero para llegar a ese punto hay que tener resuelto el tema de los sustitutos, una meta que aún no está completa, y por eso es difícil que salga una ley más exigente. Esta es una propuesta para el mientras tanto. Si saliese la restricción completa, sería mejor, no tendría sentido nuestro proyecto. Se trata más bien de subir un escalón hasta alcanzar el marco regulatorio ideal", explicó a Tiempo Argentino la diputada Linares.
La eliminación de las aplicaciones aéreas es una demanda de especialistas, científicos y médicos que estudian los daños de agro tóxicos en la salud de las poblaciones, y que siguieron la evolución durante los últimos años de distintos tipos de cáncer, malformaciones congénitas, abortos espontáneos y trastornos de la fertilidad. Toman como referencia para este reclamo la experiencia de la legislación europea, que resolvió prohibirlas en 2009. Sin ir más lejos, entre el 28 y 30 de abril, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario fue la sede del 2º Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados, cuya principal conclusión fue la reiteración de ese pedido (ver p. 27). "En el Congreso Nacional continúa prevaleciendo la defensa de los derechos a la propiedad privada y al agro negocio", denunciaron en su comunicado final.
La norma cuenta en sus argumentos con un importante estudio sobre legislación comparada e información sobre los daños a la salud, pero no hace mención al problema del agro negocio y su semilla estrella, la soja transgénica. Sin embargo, la diputada Linares aseguró "no estar de acuerdo con el monocultivo", y dijo que para revertir esa tendencia "deben cambiarse las condiciones nacionales e internacionales y potenciar una política agropecuaria nacional que estimule y fomente otras producciones".
El proyecto determina además una serie de obligaciones para los aplacadores. Estos deberán, por ejemplo, presentar un plan de gestión aprobado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el ente de aplicación, que incluya información sobre las características de la tecnología utilizada para la dispersión de los productos, la evaluación de la utilización de aditivos para minimizar la deriva de los productos utilizados y el consentimiento informado por vía escrita de los residentes de las áreas potencialmente afectadas por la deriva. Este último punto es una novedad en el abordaje de la aplicación de agro tóxicos, pero su viabilidad dependerá de la reglamentación, donde se determinarán los límites y modos de ese consentimiento.
En caso de incumplimiento, indica además que se reprimirá, tal como marca el Código Penal en lo referido a los delitos contra la salud pública, con una pena de prisión de tres a diez años para los casos de envenenamiento, adulteración de aguas potables o alimentos o medicinas; y de diez a veinticinco años si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona.
“Tiempo Argentino”
Contenido de la edición impresa del Lunes 23 de Mayo de 2011
Legislación comparada
Publicado el 23 de Mayo de 2011
El pedido para que se eliminen las fumigaciones aéreas se volvió una demanda extendida a partir de la prohibición establecida por la Comunidad Económica Europea en 2009. Sin embargo, antes de ese año, ya algunos países habían impuesto fuertes restricciones al uso de glifosato.
En Dinamarca fue prohibido en casi todo el territorio en 2003, sobre todo en las zonas de fuertes lluvias. Esta medida sin precedentes tuvo su raíz en investigaciones que demostraron la presencia en aguas subterráneas del herbicida. En una respuesta conjunta, las empresas Monsanto, Syngenta y Cheminova -que fabrican o venden glifosato en todo el mundo- condenaron corporativamente la iniciativa del gobierno danés, a la que consideraron "inaceptable". A pesar de que apelaron la resolución, no tuvieron éxito.
Australia también prohibió la utilización del Round-Up (nombre comercial del glifosato) en zonas cercanas a las vías navegables, debido a que se comprobó que el producto puede recorrer hasta 400 metros a través del viento. En Ontario, Canadá, durante el año 2009 fue prohibido en toda la ciudad.
2º encuentro de médicos de pueblos fumigados
“Médicos quieren una ley”
Publicado el 23 de Mayo de 2011
Por Manuel Alfieri
Se reunieron en la Universidad de Rosario para denunciar los efectos de los agroquímicos en los habitantes. Ningún medio nacional se hizo eco.
Entre los días 28 y 30 de abril se realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) el 2º Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados, del que participaron 350 especialistas extranjeros y nacionales, del ámbito de la medicina y la ciencia, acompañados por organizaciones sociales y ambientales. Allí, se recogieron datos de nuevos casos de malformaciones congénitas y cáncer en pueblos de Chaco, Santa Fe, Tucumán, Córdoba, Misiones y Buenos Aires, y los expertos manifestaron su preocupación por el uso continuo de glifosato para fumigar vías férreas en lugares densamente poblados del Gran Buenos Aires. Además, encontraron un responsable principal: el actual sistema de producción agrario.
Los especialistas coincidieron en un reclamo común: que se prohíban las fumigaciones aéreas, como ya se estableció en la Unión Europea, y se restrinjan las terrestres, alejándolas del límite de las plantas urbanas de los pueblos. Además, exhortaron "a las más altas autoridades nacionales para que se impongan restricciones públicas al uso de los plaguicidas; reclamo que ha sido totalmente desoído. Tampoco se observó un compromiso parlamentario con el derecho a la salud de la gente". A la vez, reclamaron a los candidatos presidenciales que expliquen cómo harán para proteger la salud y la vida de los pueblos fumigados.
La jornada fue inaugurada por Carlos Crisci, decano de la Facultad de Medicina de la UNR. Damián Verzeñassi, docente de dicha facultad, explicó a este diario: "Los agroquímicos son armas de destrucción masiva y por eso deben ser tomados como tales. Pero el problema no son sólo las fumigaciones: debemos analizar qué tipo de modelo productivo queremos para nuestro país."
En el evento expusieron sus trabajos el andrólogo Alejandro Oliva, quien investigó en el sur de Santa Fe el impacto de los agro tóxicos en la salud; el médico Oscar Scremin, de la University of California (Los Ángeles), quien desarrolló los mecanismos de acción tóxica del endosulfán y el glifosato; y el coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados de la Universidad Nacional de Córdoba, Medardo Ávila Vázquez.
El encuentro cerró con un reclamo histórico: la reclasificación de los agro tóxicos, considerando sus efectos agudos, de mediano y largo plazo. También se exigió que "una dependencia de Salud y Ambiente sea la encargada de autorizar o rechazar el uso de cada pesticida en particular, como ocurre en Canadá, y no un ente donde solo participan el área de agricultura del Estado, los productores y las cámaras productoras de plaguicidas, donde prevalecen las necesidades productivas y comerciales de esos actores".
El doctor Verzeñassi concluyó: "Todo esto fue inédito. Ahí estaban 350 personas de la academia, de los pueblos originarios, gente incluso que no tiene formación primaria, discutiendo sobre salud socio ambiental. Eso es lo que más rescatamos del encuentro."
Fecha de publicación: 20/06/2011 | 137 lecturas
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