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Retenciones:
La facultades delegadas en su lugar.
El Diputado Nacional Jorge Mario Alvarez (UCR – Santa Fe), ante el inminente vencimiento de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, ratificó su compromiso de establecer un nuevo régimen de retenciones para el sector agropecuario, que proteja a los pequeños productores, recuperando el Congreso Nacional la potestad de establecer los derechos de exportación.
El Diputado Nacional Jorge Mario Alvarez (UCR – Santa Fe), ante el inminente vencimiento de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, ratificó su compromiso de establecer un nuevo régimen de retenciones para el sector agropecuario, que proteja a los pequeños productores, recuperando el Congreso Nacional la potestad de establecer los derechos de exportación.
Destacó que “es el Parlamento Nacional quien debe fijar el esquema y nivel de retenciones a aplicarse para la exportación de granos, por lo que debe sancionarse una nueva ley”.
El pasado 24 de junio Alvarez presentó un proyecto de ley en sintonía con la “Propuesta Agropecuaria” del Frente Progresista de Santa Fe.
Plateó la eliminación total de los derechos de exportación al trigo, maíz, sorgo, girasol, miel, frutas, verduras, carnes y otros productos de economías regionales. Reciben el mismo tratamiento los aceites, harinas y subproductos.
En el caso de la soja propone reemplazar las retenciones por un impuesto extraordinario, vigente hasta el 2013, aplicable en una única etapa de comercialización y que aumente gradualmente según el volumen de venta de cada productor y que considera exentos a los que comercialicen hasta un importe equivalente a 450 toneladas anuales.
A quienes comercialicen hasta 750 toneladas los grava en un 10%, en un 25% a quienes vendan hasta 1500 toneladas y en un 33% a los que vendan más de esa cantidad.
Para la determinación del impuesto, se tomará como parámetro el débito fiscal acumulado en los doce meses anteriores a la operación, informado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el de la o las ventas del mes practicadas por el sujeto gravado.
El legislador radical sentenció que no comparte la posición de bajar la alícuota de retenciones para todos por igual, “porque no se corrige la falta de progresividad; tampoco, y por las mismas razones, que se pueda usar una parte de las mismas como pago a cuenta de ganancias, o que se implemente una segmentación basada en devoluciones, por la ineficiencia de tal medida”.
Actualmente el 77% de los productores de soja venden menos de 450 toneladas anuales, pero a su vez comercializan sólo el 20% del total del país. Teniendo en cuenta estos datos estadísticos, de aprobarse este proyecto, se lograría bajar la presión tributaria a la gran mayoría de productores, los más pequeños y quienes logran un efecto de motorización económica en sus regiones.
El legislador afirmó que “es imprescindible el debate de una nueva legislación impositiva con base en un impuesto a las ganancias que incluya una verdadera progresividad, modificándose la actual estructura tributaria, pero considero imperioso dar un trámite urgente y excepcional a la problemática existente, razón por la cual presento esta iniciativa de ley, que elimina retenciones a distintas producciones”.
Por otra parte, se establece que el producido por el pretendido impuesto se distribuirá entre el Tesoro Nacional y las jurisdicciones provinciales de acuerdo con los porcentajes establecidos en la Ley de Coparticipación Federal. De esta manera se atienden los justos y constantes reclamos de presidentes comunales, intendentes y gobernadores, que ven cómo se van de sus jurisdicciones ingentes recursos que vuelven sólo en ínfima medida.
Alvarez consideró que con el actual régimen de retenciones, atento a los porcentajes establecidos, “más que un derecho de exportación, se convirtió en un impuesto encubierto, no coparticipable y lo que es peor, sin progresividad, ocasionando un grave perjuicio a los productores de menor escala”.
Es oportuno destacar que según el Censo Nacional Agropecuario del año 2002, los productores de menos de 100 hectáreas destinan el 70% a soja, mientras que los de aproximadamente 1000 hectáreas destinan solo el 30% a este cultivo. De estos datos podemos inferir que si se le brinda mayor rentabilidad al pequeño productor, este podrá apostar más a la rotación.
Además con la propuesta se incentiva a que el propietario de una pequeña extensión, la explote personalmente, motivado por la mayor rentabilidad. En contraposición, se desalienta a los pool de siembra que, a mayor comercialización, tendrán una presión impositiva más alta y por ende ofrecerán arrendamientos menores.
En cuanto a los costos fiscales para las arcas oficiales cabe destacar que, indirectamente, la reducción estimada en unos 2800 millones de dólares por la aplicación de este proyecto, se achicaría. El dinero que queda en manos de los pequeños productores siempre se materializa en circulante de las economías de sus regiones, derivando en una mayor recaudación en conceptos como Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA).
Por último remarcó que acompañará la posición de consenso que garantice previsibilidad al productor agropecuario y motorice la economía nacional.
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